La organización Human Rights Watch realizó el pasado año el estudio “How Dare They Peep into My Private Life?” Children’s Rights Violations by Governments that Endorsed Online Learning During the Covid-19 Pandemic, (¿Cómo se atreven a espiar mi vida privada? Violaciones de los derechos de los niños por parte de los gobiernos que respaldaron el aprendizaje en línea durante la pandemia de Covid-19).
En él se analizó la tecnología educativa (EdTech) utilizada en la educación infantil que fue respaldada por 49 gobiernos durante la pandemia, incluido el nuestro. Concretamente se pusieron bajo la lupa las políticas de 164 productos EdTech, y la conclusión de dicho informe fue que el respaldo de los gobiernos a la mayoría de estas plataformas de aprendizaje en línea ponía en riesgo o violaba directamente la privacidad de los niños y niñas, y otros derechos, con fines no relacionados con su educación.
Y es que como se constata en el informe, la urgencia por seguir las clases en plena pandemia hizo que pocos gobiernos verificaran si las EdTech que estaban respaldando o adquiriendo las escuelas eran seguras para su alumnado.
El análisis técnico de los productos se llevó a cabo entre marzo y agosto de 2021. De los 164 productos EdTech revisados, 146 (89%) parecían realizar prácticas de datos que ponían en riesgo los derechos de los niños y las niñas, contribuían a socavarlos o infringían activamente estos derechos. Estos productos monitoreaban o tenían la capacidad de monitorear al alumnado, en la mayoría de los casos en secreto y sin el consentimiento de los y las menores o de sus progenitores, en muchos casos recopilando datos sobre quiénes son, dónde están, qué hacen en el salón, quiénes son sus familiares y sus amigos/as o qué tipo de dispositivos utilizan.
Los datos de los y las menores no estaban protegidos
Asimismo, la mayoría de plataformas de aprendizaje por Internet enviaban u otorgaban acceso a los datos de menores a empresas de terceros, normalmente a las que se dedican a la publicidad. Según indica el informe de Human Rights Watch, al hacerlo, permitían que los sofisticados algoritmos de las empresas de tecnología publicitaria tuvieran la oportunidad de unir y analizar estos datos para adivinar las características e intereses personales de un niño/a, para predecir qué podría hacer a continuación y cómo podría verse influenciado. El acceso a estos conocimientos podría venderse a cualquiera (anunciantes, personas dedicadas a la compra-venta de datos u otros) que buscaran dirigirse a un grupo definido de personas con características similares en Internet.
El estudio también analizó cómo influyeron estos anuncios y el contenido personalizado en los y las menores. Algunos productos de EdTech se dirigieron a éstos con publicidad conductual. Al usar datos de niños y niñas, extraídos de entornos educativos, para dirigirlos con contenido personalizado y anuncios que los siguen a través de Internet, estas empresas no solo distorsionaron las experiencias en la red de los mismos, sino que también se arriesgaron a influir en sus opiniones y creencias en un momento de sus vidas cuando corren un alto riesgo de interferencia manipuladora.
Las empresas Ed Tech se lavan las manos
Respecto a las motivaciones de las empresas para realizar estas acciones, Human Rights Watch afirmaba que no es posible que puedan llegar a conclusiones definitivas, más allá de informar sobre lo que observaron en los datos y las propias declaraciones de las empresas y los gobiernos. De hecho, cuando se les preguntó a estas empresas de EdTech sobre el tema, éstas negaron recopilar datos de niños y niñas.
Algunas empresas negaron incluso que sus productos estuvieran destinados al uso por parte de menores, o destacaron que las páginas de sus aulas virtuales para uso de niños/as tenían protecciones de privacidad adecuadas, incluso cuando el análisis de Human Rights Watch encontró que las páginas adyacentes a las páginas de las aulas virtuales (como la página de inicio de sesión, la página de inicio o la página adyacente con contenido infantil) no tenían dichas protecciones. Las empresas de AdTech negaron tener conocimiento de que les estuvieran enviando los datos, indicando que en cualquier caso era responsabilidad de sus clientes no enviarles datos de niños y niñas.
Los gobiernos deberían proteger el derecho a la educación
Y es que, como afirman desde la entidad, realmente son los gobiernos quienes tienen la responsabilidad final de proteger el derecho de niños y niñas a la educación. Y tras la investigación se puede afirmar que, con la excepción del gobierno de Marruecos, todos los investigados en este informe respaldaron al menos un producto EdTech que puso en riesgo o socavó los derechos de los menores.
Como ya sabemos, la mayoría de estos productos EdTech se ofrecieron a los gobiernos sin coste financiero directo para ellos; en el proceso de respaldar y garantizar su amplia adopción durante el cierre de las escuelas por el Covid-19, los gobiernos cargaron los costes reales de ofrecer la educación a través de la red a niños y niñas, quienes, sin saberlo, se vieron obligados a pagar por su aprendizaje con sus derechos a la privacidad, el acceso a la información y, potencialmente, su libertad de pensamiento.
Además, se negó sus derechos tanto al alumnado como a sus progenitores y al profesorado. No pudieron cuestionar estas prácticas de vigilancia de datos, ya que la mayoría de empresas EdTech no revelaron su vigilancia de niños y niñas a través de los datos y los gobiernos tampoco lo notificaron.
Auditorías para eliminar las soluciones EdTech que no cumplan los estándares de privacidad
Desgraciadamente seguimos sin saber exactamente qué pasa con los datos. Por lo que Human Rights Watch en su informe advierte que los gobiernos deberían realizar auditorías de privacidad de datos de la EdTech que utilizó el alumnado durante la pandemia y deberían eliminar las soluciones que no superen dichas auditorías, así como notificar a los afectados para evitar una mayor recopilación y uso indebido de los datos.
Y es que, de acuerdo con los principios de protección de datos de niños y niñas, como se describe en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las compañías de EdTech y AdTech no deben recopilar ni procesar datos de niños y niñas para publicidad.
Las empresas deben hacer un inventario e identificar todos los datos de éstos recopilados durante la pandemia y asegurarse de no procesar, compartir o utilizar sus datos para fines no relacionados con proveer educación infantil. Las empresas de tecnología publicitaria deberían eliminar de inmediato los datos que hayan recibido y las EdTech deberían trabajar con los gobiernos para definir reglas claras de retención y eliminación de los datos del alumnado recopilados durante la pandemia.
En la medida en que niños y niñas pasan cada vez más tiempo durante su infancia en Internet, su dependencia del mundo conectado y los servicios digitales que permiten su educación continuará mucho después del final de la pandemia. Los gobiernos deben desarrollar, perfeccionar y hacer cumplir leyes y estándares de protección de datos infantiles, y garantizar que los niños y niñas que desean aprender no se vean obligados a renunciar a sus otros derechos para hacerlo.
Condiciones entendibles para menores
Entre las propuestas que ofrece Human Rights Watch en su informe, podríamos destacar la que exige que los y las menores sean consultados activamente a lo largo de estos procesos, ayudando a construir salvaguardas que protejan el acceso seguro a entornos de aprendizaje en línea, y que ofrezcan el espacio para que los niños y niñas desarrollen sus personalidades y habilidades tanto mentales como físicas hasta su máximo potencial.
Y para ello, las empresas EdTech deberían proporcionar total transparencia en las cadenas de suministro de datos e informar públicamente sobre cómo se recopilan y procesan los datos de los niños y niñas, dónde se envían, a quién y con qué propósito. Asimismo, deberían adaptar las políticas de privacidad al lenguaje de niños y niñas, así como proporcionar mecanismos de denuncia confidenciales apropiados para su edad en los idiomas locales.
Y enumeran una serie de medidas que deberían tomar la EdTech para tener una política verdaderamente transparente con el uso de datos. Entre ellas, se dan instrucciones tan directas como la siguiente: “clasifique y cree una lista de servicios dirigidos principalmente a niños y niñas, los cuales deben ser monitoreados y actualizados periódicamente. Notifique a las empresas matrices de estos servicios que deben proporcionar evidencia explícita de que su servicio no está hecho para niños para eliminar su producto de esta lista. (…) Usando esta lista, las empresas deben revisar y eliminar de inmediato cualquier información de niños y niñas recibida de servicios creados para estos”.
Y es que en dicho informe se pueden ver de forma exhaustiva cómo las empresas han enviado datos a otras empresas, quiénes han sido estas empresas, que seguro que imagináis cuales son, qué soluciones educativas han utilizado los gobiernos y de qué países son. Su lectura ofrece un diagnóstico muy preciso de la situación en la que estamos.
Andrea Alfaro, BBK Family
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